Ante la falta de acción por parte del gobierno federal, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) radicará este próximo miércoles 27 de junio una demanda contra la Policía de Puerto Rico. Esta acción busca hacer cumplir las recomendaciones de cambio sistémico propuestas por la ACLU en su informe “Isla de Impunidad: Policía de Puerto Rico al margen de la ley”, y las recomendaciones esbozadas en el informe del Departamento de Justicia Federal, las cuales incluyen el establecimiento de protocolos claros y cambios en el adiestramiento de la policía.
Sobre el uso de fuerza para hacer valer las leyes, la ACLU recomienda desarrollar, revisar, y poner en práctica políticas claras y globales, que cumplan con las normas nacionales de derechos constitucionales y con los parámetros de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza letal y menos letal en contra de la población civil.
Además, en su informe esta organización dio a conocer que entre 2007 y 2011 fueron asesinadas 21 personas a manos de miembros de la policía. En la mayor parte de los casos, las muertes fueron injustificadas, evitables o innecesarias para proteger la vida de un oficial o de un civil. Aun más, la ACLU tiene constancia de ocho casos adicionales donde la policía disparó y mató civiles en ese mismo periodo de tiempo, pero no pudo documentar las circunstancias en que sucedieron esos asesinatos. También la ACLU sustenta que la Policía de Puerto Rico utiliza fuerza excesiva en sustitución del patrullaje comunitario. Es decir, oficiales asignados a unidades tácticas regularmente usan fuerza innecesaria, inapropiada y desproporcionada contra minorías raciales, personas pobres, negros y dominicanos.
Definen el concepto "fuerza bruta", como actos que incluyen golpes con macanas, patadas, puños, lanzar al suelo o contra paredes y objetos, asfixia aprestando el cuello y disparar con armas de fuego. En casos documentados por la ACLU, la policía ha inflingido heridas que han provocado la dislocación de quijadas, pérdida y rotura de dientes, fracturas de huesos, sangrado interno, contusiones severas, abrasiones, laceraciones, daños y fallo de órganos, muerte o daño cerebral traumático, parálisis y asesinato. En estos casos, las víctimas no estaban armadas ni resistiendo el arresto, o ya estaban detenidas e incluso esposadas y por lo tanto representaban un riesgo mínimo o nulo a los agentes u otras personas en el momento de la intervención.
Al respecto, la ACLU recomienda que el uso de fuerza se autorice solo en casos “objetivamente razonables”, lo cual debe estar definido claramente en una nueva política sobre intervenciones policíacas. En el caso de instrumentos de fuerza, recomiendan que la policía cree políticas de uso acordes con las especificaciones del fabricante de los artefactos. Estas políticas de uso de fuerza deben incluir políticas detalladas sobre desfundar, descargar y el empuñar armas de fuego; el uso de agentes químicos como el aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno; técnicas de presión en las arterias carótidas (cuellos); el uso de municiones “menos letales” (como balas de goma o de plástico), el uso de caninos, bastones, armas de descarga eléctrica (tasers) y otros dispositivos electrónicos de restricción física.
Casos de violencia de género entre la uniformada
En el informe también se documentó un alto número de casos de violencia doméstica perpetrados por oficiales de la policía. Del 2005 al 2010 se registraron cerca de 1,500 casos de violencia doméstica que acusan a miembros de este cuerpo. Y sobre 84 oficiales que permanecen activos han sido arrestados dos veces o más por el mismo crimen. Aun más, el informe documenta que se han reportado numerosos casos en los que un policía dispara a su esposa con el arma de reglamento y en varios de estos casos al punto de asesinarla. La ACLU concluye que la policía falla en proteger a víctimas de violencia doméstica o en investigar casos reportados sobre violencia doméstica, abuso sexual e incluso asesinatos de mujeres por parte de sus parejas.
De igual modo, la entidad recomienda para investigar casos de violencia sexual y doméstica, adoptar e implantar políticas claras basadas en evidencia, incluyendo políticas sobre violencia perpetrada por oficiales. Según la ACLU, la policía debe implementar el siguiente protocolo: que el 911 reciba llamadas sobre violencia sexual y doméstica, hacer entrevista inicial y de seguimiento a la víctima, identificar y documentar heridas, llevar a cabo exámenes forenses tanto a la víctima como al sospechoso, adiestrase para preservar evidencia y manejar la escena del crimen, reforzar las ordenes de protección, dar seguimiento a las investigaciones, colaborar con los abogados o las abogadas de la víctima, y tener servicios de asistencia para ofrecer.
Objeto de violencia las manifestaciones civiles
Por otra parte, desde el 2009 las protestas no violentas contra la Administración actual fueron blanco de violencia policiaca. De hecho, la ACLU documentó numerosas instancias en que la policía abusó de protestantes en lugares tradicionalmente designados para expresiones públicas en Puerto Rico, incluyendo las afueras del Capitolio, el Tribunal Supremo, la Mansión ejecutiva, el Banco Gubernamental de Fomento y en los campus de la Universidad de Puerto Rico. Constantemente la policía respondió a manifestaciones pacíficas desplegando escuadrones de la Fuerza de Choque equipada con toda la indumentaria anti disturbio: armaduras protectoras de cuerpo completo, cascos con visor, botas de combate y escudos de plástico. Además, iban armados con macanas, aerosol de pimienta (pepper spray), lanzadores de gases lacrimógenos y balas de goma y armas de fuego letal.
Para atajar la violencia contra demostraciones pacíficas y para evitar que se cuarte el derecho a la libre expresión, la ACLU exige que se desarrolle e implemente una política oficial que regule el manejo de las manifestaciones públicas y el trato a los manifestantes -en particular el uso de fuerza contra manifestantes- que vaya acorde con los derechos nacionales constitucionales y con los derechos humanos. También debe prohibirse el uso de la Unidad de Operaciones Tácticas (Fuerza de Choque) para impedir que la gente ejerza su derecho a la libre expresión, y la policía deberá advertir claramente cuándo el espacio, la manera, el tiempo y el lugar de la manifestación viola alguna ley y debe dar tiempo razonable para hacer cumplir los protocolos antes de proceder con arrestos.
La demanda en contra de la policía para hacer cumplir estas y otras recomendaciones que se detallan en el informe de la ACLU, estará a cargo de abogados del bufete neoyorquino Kirkland & Ellis a quienes se unirá el licenciado Chris Hansen, uno de los principales abogados litigantes de la ACLU. De Puerto Rico participarán la licenciada Nora Vargas-Acosta, pasada presidenta de la Comisión de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Puerto Rico y los abogados de la ACLU Josué González Ortiz y William Ramírez Hernández quienes entregarán la demanda federal mañana en una conferencia de prensa.
